La Asociación Europea de Alquileres de Vacaciones (EHHA, por sus siglas en inglés) ha presentado una queja oficial ante la Comisión Europea contra el Decreto sobre el alojamiento catalán (3/2023), argumentando que esta normativa viola la Directiva de Servicios de la Unión Europea (UE). El principal argumento de la EHHA es que las restricciones impuestas por esta ley son injustificadas, desproporcionadas y no abordan eficazmente los problemas que intentan resolver.
Regulaciones bajo la lupa de la UE
La Directiva de Servicios de la UE establece que cualquier norma que limite los servicios, como los alquileres de corta duración, debe ser justificada, proporcional y no discriminatoria. Sin embargo, la EHHA sostiene que las restricciones catalanas no cumplen con estos principios. Según la asociación, estas medidas no solo afectan a los pequeños operadores turísticos, sino que también tienen un impacto negativo en las familias y las economías locales.
Impacto en las comunidades y la economía
La EHHA advierte que señalar a los alquileres de corta duración como los principales culpables de problemas de vivienda, como la escasez de viviendas o el aumento de precios, simplifica un debate mucho más complejo. Factores como el crecimiento demográfico urbano, la falta de inversión en nuevas viviendas, las normas de urbanismo restrictivas y los altos tipos hipotecarios también juegan un papel crucial en esta problemática.
La asociación subraya que las restricciones impuestas podrían agravar las dificultades económicas de las familias y las comunidades locales, intensificando el impacto del aumento del costo de vida.
Revisión y acción urgente
La EHHA ha instado al gobierno catalán a revisar y eliminar las disposiciones injustas de la ley, argumentando que estas no solo contravienen la Directiva de Servicios de la UE, sino que también carecen de pruebas sólidas que vinculen los alquileres de corta duración con los problemas habitacionales.
Además, la EHHA espera que la Comisión Europea inicie un procedimiento formal de infracción contra España, buscando garantizar que las normativas locales se alineen con las regulaciones comunitarias.
El desafío del equilibrio normativo
Este caso subraya un desafío más amplio para equilibrar las necesidades de regulación con la protección de los derechos de los proveedores de servicios y el fomento del desarrollo económico local. La EHHA hace un llamado al diálogo fundamentado y basado en pruebas para abordar las complejidades de los problemas habitacionales sin recurrir a medidas que perjudiquen a un sector clave del turismo europeo.